Por: Roque Yidi

El progreso económico en Puerto Colombia brilla con intensidad, pero deja en la sombra la cruda realidad que enfrenta Barranquilla. La aprobación de Ciudad Mallorquín en Puerto Colombia promete llenar las arcas municipales, pero a expensas de un problema creciente y poco visible: el aumento exponencial de aguas residuales que Barranquilla debe gestionar. Esta avalancha de desechos se traduce en un impactante equivalente de 61 piscinas olímpicas llenas de excrementos mensualmente.

Ciudad Mallorquín es una promesa de riqueza para Puerto Colombia. Los impuestos de construcción y prediales llenarán sus arcas, mientras que Barranquilla, su vecina, enfrenta la carga de procesar las aguas residuales generadas por los miles de nuevos residentes. Una ironía cruel, donde uno se baña en oro mientras el otro se sumerge en un río de desechos.

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Con cada descarga de un inodoro de Ciudad Mallorquín, Barranquilla recibe un recordatorio doloroso de su posición subordinada en esta relación asimétrica. Las aguas residuales fluyen sin cesar hacia su sistema de alcantarillado, amenazando con saturar sus capacidades de tratamiento y contaminar sus fuentes de agua locales.

El costo de esta desigualdad no solo es fiscal, sino también ambiental y de salud pública. El tratamiento inadecuado de las aguas residuales puede desencadenar desastres ambientales y propagar enfermedades entre la población. Barranquilla enfrenta la pesada carga de proteger su entorno y garantizar la salud de sus ciudadanos en medio de esta crisis.

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Es hora de que las autoridades locales enfrenten esta injusticia con valentía y decisión. Se necesitan medidas urgentes para equilibrar la carga entre Puerto Colombia y Barranquilla, garantizando que el desarrollo económico no se logre a expensas del bienestar de la comunidad y el medio ambiente. La solidaridad entre municipios debe prevalecer sobre la codicia y la indiferencia.